La Fundación DFA analiza la inminente ley de Servicios Sociales
(18-11-2008)

El Gobierno Autonómico presentó en septiembre el proyecto definitivo y anunció que, en breve, lo presentará en las Cortes para su aprobación.

La Ley de Servicios Sociales apura sus últimos meses antes de ser aprobada por las Cortes de Aragón y adentrar al mundo de la discapacidad en un nuevo escenario. El Gobierno Autonómico ya presentó en septiembre el proyecto definitivo, anunció que su tramitación en las Cortes se llevará a cabo próximamente y afirmó que, con esta ley, “se da un nuevo paso en la calidad de vida de los ciudadanos”.

Los Servicios Sociales han de entenderse en su auténtica dimensión. Se trata del cuarto pilar, el padre que engloba al conjunto de sectores: personas mayores, con discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión social y laboral... Para valorarlos en su justa medida basta decir que da cobijo a la muy conocida y mal llamada Ley de la Dependencia.

Desde la Fundación DFA hemos colaborado con la Administración en el desarrollo de los principios fundamentales y del propio anteproyecto. Sin embargo, en el proyecto no se recoge una aspiración fundamental e innegociable por parte de nuestro colectivo: el reconocimiento del acceso a los servicios sociales como un derecho universal y también subjetivo, es decir, inherente a la condición de ciudadano e invocable ante los tribunales.

La batalla principal entre el resto de lo que queda por conseguir alude a la naturaleza de la prestación. La Fundación DFA apuesta por potenciar la prestación de servicios y contener el número de prestaciones económicas. Somos conscientes de que el desigual reparto demográfico existente en la Comunidad Autónoma de Aragón, especialmente en la provincia de Teruel, ayuda a fomentar la prestación económica al cuidador familiar... El escenario no es el más propicio, se sabe, pero no altera el objetivo de incrementar las prestaciones de servicios en el mundo rural de un modo constante y sostenido. La deseada Ley de Calidad sería la atalaya desde la que se controlara y asegurase la perfecta aplicación de cada prestación y, a su vez, crearía un registro de las entidades públicas y privadas que prestarían los servicios.

Las últimas solicitudes, impulsadas con el máximo apoyo de la Fundación DFA, defienden que se incluya una catálogo de servicios sociales en el anexo de la Ley, que se reduzca el plazo máximo de cuatro a dos años para el desarrollo completo de la misma y que se asegure el respeto de una renta básica del usuario a la hora de aplicarse la fórmula de Copago en la prestación.

Analizadas las conquistas y peticiones principales, la Fundación DFA aguarda expectante la tramitación de una Ley que asoma con la firme intención de seguir mejorando y velando por las condiciones de vida de las personas con discapacidad de nuestra Comunidad.

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